A 2018, de acuerdo con el Registro de
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) del
Ministerio de Salud y Protección Social, se han identificado y caracterizado 1.404.108
personas [1]con
discapacidad en Colombia, es decir el 2.6% de toda la población.
En el caso de las personas ciegas o con baja
visión, representan el 13% (181.945) del total de la población en condición de
discapacidad, repartiéndose por igual entre hombres y mujeres con el 13% cada
uno y ubicándose con un 15%, 12% y 7% en edades: De 65 años o más, entre 15 y
64 años y de 0 a 14 años, respectivamente.
Cabe destacar que, del total de personas en
condición de discapacidad, el 58% (809.853) son personas mayores de 50 años y
sólo el 11% (165.283) están trabajando, de éstos el 80% (132.772) laboran sin
un contrato.
Gladys Lopera, Directora General del CRAC, Centro de Rehabilitación
Visual Integral, explica que las personas con discapacidad visual,
muchas veces, no cuentan con oportunidades de entrar al sector productivo,
básicamente, por el desconocimiento de los empleadores frente a cómo adecuar
sus plazas laborales y generar ambientes de trabajo incluyentes. Así mismo, hay
miedo a contratarlos, puesto que hay una interpretación errónea de la Ley 361
de 1997, la cual se refiere a la no discriminación de las personas con
discapacidad en el ámbito laboral, y un alto grado de desinformación frente a
los beneficios de incluir en sus nóminas personas con discapacidad, entre
ellos:
1.
Apertura de nuevos mercados y mejora en el clima
laboral. Según cálculos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), las personas con discapacidad representan el
15% de la población mundial, quienes demandan bienes y servicios comunes y
especializados y, por ende, permiten el desarrollo de nuevos mercados. Los empleadores han informado que el trabajo
en equipo y la moral de los grupos mejora cuando se vinculan laboralmente
trabajadores con discapacidad.
2.
Relación con el Gobierno. Según el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, las
empresas son preferidas en igualdad de condiciones en los procesos de
licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o
privados, si estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus
empleados con discapacidad. Adicionalmente, tienen prelación en el otorgamiento
de créditos de organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al
desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa de
personas con limitación.
“Es importante que las empresas entiendan
que la población con discapacidad representa una fuerza laboral que se
encuentra bastante desaprovechada, que puede aportar no sólo al crecimiento y
productividad de las organizaciones, sino que su contratación puede beneficiar
a las empresas en múltiples aspectos”, afirmó Lopera.
Así mismo, asegura la Directora General del
CRAC que “Es trascendental que las empresas y los empleadores perciban
la contratación de personas con discapacidad como una oportunidad de
crecimiento y apertura hacia una cultura empresarial incluyente y no como un
problema”. Vale la pena aclarar que el trabajador con discapacidad tiene
los mismos derechos y deberes que cualquier otro trabajador, por lo que cuando
el trabajador limitado incurra en alguna de las causales establecidas en la ley,
como justas causas para dar por terminado el contrato, no se requerirá de
autorización por parte del Ministerio del Trabajo”.[2]
El CRAC, Centro de Rehabilitación Visual
Integral, fundación privada sin ánimo de lucro y habilitada como IPS por la
Secretaría de Salud de Bogotá, ha abanderado, por más de 55 años, la inclusión
de las personas ciegas y con baja visión del país en todos los ámbitos,
incluyendo el laboral, a través de procesos de rehabilitación integral
enfocados en el logro de independencia y autonomía para que la persona en
condición de discapacidad visual retome su rol en la sociedad de manera productiva y exitosa.
“Las personas rehabilitadas en el CRAC están en capacidad de participar
de manera dinámica en la sociedad al ser personas autónomas e independientes
que conocen y hacen valer sus derechos y deberes”, aseguró Lopera.
El modelo de rehabilitación integral del CRAC,
reconocido en Latinoamérica y validado con representantes de
Chile, Uruguay y Cuba ante la Unión Latinoamericana de Ciegos ULAC, integra
5 componentes: Psicosocial y médico, físico, actividades de la vida diaria,
comunicación, y desarrollo sensoperceptual, cognitivo y manual que se enfocan
en lograr la rehabilitación funcional de la persona con discapacidad visual.
A través de estos componentes, las personas ciegas
o con baja visión logran no solo independencia al aprender a orientarse y
movilizarse por sí solas, sino también al desenvolverse en la
vida diaria de manera segura y autónoma. Al aprender entre otras cosas a
reconocer la denominación de los billetes, combinar
adecuadamente su ropa de acuerdo a colores y texturas, leer y escribir con en lenguaje
Braille y manejar programas de computación, navegar por internet y chatear, a
través de comandos de teclado y lectores de pantalla.
En palabras de Gladys Lopera: “Una
vez finalizado el proceso de rehabilitación, la persona ciega o con baja visión
tiene todas las herramientas para comerse el mundo y por eso no debe parecer
extraño que nuestros ex usuarios sean exitosos como reclutadores empresariales,
productores de audiovisuales, artistas plásticos, guías de museos, deportistas…
En fin, en todas las áreas donde los lleve su interés y donde enfoquen su
dedicación”.
[2] http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322/ capítulo IX artículo 137
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