El incumplimiento de las políticas de desconexión laboral podría considerarse abuso

 Uno de los mayores cambios que ha marcado la era postpandemia es, sin duda, el trabajo a distancia a través de sus diferentes modalidades, una tendencia creciente en las organizaciones nacionales e internacionales que le permite a los trabajadores realizar sus actividades desde una ubicación remota, de la misma manera que lo harían en sus puestos habituales de operación. Según el último Estudio sobre Penetración y Percepción del Teletrabajo en entidades públicas en Colombia, el 43,1% de las organizaciones ven esta modalidad como una opción para reducir costos operacionales. Sin embargo, es indispensable que las empresas se informen correctamente, ya que estas modalidades de trabajo también tienen limitaciones definidas por la ley.

 

Dicho esto, una de las normativas a tener en cuenta es la Ley de Desconexión Laboral (Ley 2191 de 2022), que si bien se promueve en razón a una serie de compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, también llegó para suplir una necesidad generada a raíz de la pandemia y el incremento del teletrabajo, y es por esto que establece la desconexión laboral como un derecho de los empleados, limitando o incluso prohibiendo el contacto que pueden tener las organizaciones con sus empleados para cuestiones laborales durante periodos de descanso, vacaciones o fuera del horario laboral.

 

Esta normativa establece como obligatorio, para cualquier empleador, contar con una política de desconexión laboral que determine cómo las empresas garantizarán este derecho a los trabajadores, incluyendo lineamientos claros frente al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En línea con lo anterior, conductas persistentes y demostrables, como llamadas insistentes o mensajes por fuera del horario laboral, pueden ser consideradas como acoso laboral y, por lo tanto, activarse los mecanismos previstos en la Ley para tratar esta clase de conductas, como por ejemplo el Comité de Convivencia.

 

De acuerdo con lo anterior, Daniel Contreras, asociado de la firma Godoy Córdoba, mencionó “El incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 2191 de 2022, puede desencadenar, en primera medida, en multas por parte del Ministerio del Trabajo, las cuales pueden llegar hasta los 5.000 SMMLV. Asimismo, también puede generar reclamaciones individuales por parte de trabajadores que consideren vulnerado su derecho a la desconexión laboral y, por lo tanto, soliciten ante un Juez de la República condenas relacionados con el pago de trabajo suplementario por no haberse garantizado el efectivo descanso, indemnizaciones por despidos indirectos si renunciaron por esta situación, o que se declare la existencia de un acoso laboral y las consecuencias propias de esta figura.

Es por esto que los empleadores están en el deber, no solo de publicar la política de desconexión que la Ley establece, sino también de garantizar el cumplimiento de la misma, así como del derecho a la desconexión en sí, lo anterior, sin perjuicio de señalar que, esto no significa que el empleador no pueda requerir al trabajador para prestar sus servicios cuando existan razones objetivas para ello, en específico las previstas en el numeral 6° de la Ley en cuestión”.

 

No obstante, es importante resaltar que no todos los trabajadores están cubiertos por esta ley, ya que la misma establece las siguientes excepciones:

 

1.    Los trabajadores y servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo.

 

2.    Aquellos que ejercen un cargo o función que les implique tener una disponibilidad permanente, por ejemplo, la fuerza pública y organismos de socorro.

 

3.    Las situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, en los que se requiera cumplir obligaciones extra con la empresa o institución para la continuidad al servicio o para dar solución a casos de urgencia en la operación, siempre que se justifique la inexistencia de otra alternativa viable.

 

En el mundo laboral, conocer y cumplir a cabalidad con las normativas no es solo una obligación legal, también se ha convertido para las empresas en una estrategia que les permite asegurar la sostenibilidad del negocio, evitando repercusiones legales, costosos litigios, multas y daños a su reputación. Esto demuestra que una aplicación minuciosa y un conocimiento oportuno de las leyes, fundamenta las bases para construir una organización que promueve el trabajo justo y ético, es capaz de adaptarse más rápidamente a las nuevas dinámicas y logra enfrentar los desafíos del futuro para lograr la supervivencia del negocio.

Información e imágenes: Prensa  Godoy Córdoba